Durante este tiempo, nos hemos adentrando en la complejidad de lo que significa la defensa de los derechos humanos, el respeto a un verdadero Estado de Derecho y la procuración de una justicia expedita. Consideramos que hemos aportado nuestro grano de arena y entendemos que las causas que motivaron la existencia del Comité, no han sido resueltas. No obstante dentro de los logros, se encuentran: el reconocimiento público de la existencia de las violaciones a los derechos humanos, la liberación de 109 presos políticos; recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Relatorías de la Organización de Naciones Unidas (ONU); el reconocimiento de la violación a garantías individuales por parte de la SCJN, entre otros.

No obstante, quienes integramos el Comité de Liberación, hemos llevado un proceso de reflexión interno, en donde hemos llegado a la conclusión de cerrar esta etapa, al tener resuelta la liberación de las y los presos del conflicto político de 2006. Queremos agradecer a todas las personas y organizaciones que han apoyado esta labor de muy diversas maneras: con su trabajo, económica y moralmente. Por lo que el Comité estará concluyendo sus actividades el 31 de diciembre de este año para dar cumplimiento a los compromisos establecidos con sus fuentes financieras.

A las personas que hemos venido acompañando en sus procesos de defensa, y que no culminarán en el mes de diciembre, queremos decirles que estén tranquilas, porque quienes les apoyan en ese proceso, lo seguirán haciendo.

A todos y todas queremos manifestar que el cierre del Comité no implica una claudicación de nuestro compromiso y trabajo en defensa de la justicia y los derechos humanos. Desde los espacios que personalmente decidamos, seguiremos aportando a esta causa.

Nos seguiremos encontrando en el camino, se modifica el espacio, no así nuestra acción.

Fraternalmente

Comité de Liberación 25 de Noviembre AC

Alma Gómez Soto

Alba Cruz Ramos

Sara Méndez Morales

Recordamos que el Sr. Juan Manuel Martínez Moreno, aquí presente, fue injustamente acusado del asesinato de Roland Bradley Will, por ello permaneció en la cárcel 16 meses de la que salió una vez que la justicia federal le concedió el amparo ante la falta de pruebas en su contra. Siendo un claro ejemplo de la criminalización de la protesta social, el Sr. Martínez Moreno ha recibido constantes muestras de solidaridad de organizaciones nacionales, internacionales y locales, entre ellas el Centro para la Justicia Internacional CEJIL que hoy nos acompaña, y a apoyado con los trámites de esta solicitud.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) que hoy nos acompaña es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos. Su objetivo principal es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional.

El Comité de Liberación 25 de Noviembre, que ha acompañado a Juan Manuel Martínez Moreno y a su familia desde el momento de su detención, manifiesta su preocupación por su seguridad e integridad personal, debido a que las agresiones que ha sufrido han venido de menos a más. Reiteramos, es el Estado Mexicano el garante de su seguridad, de su vida y la de su familia.

Conjuntamente con CEJIL y la Familia Martínez Tejada exhortamos al Estado mexicano a dar cabal cumplimiento a lo dispuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para proteger efectivamente a Juan Manuel Martínez y su familia, así como llevar a cabo una investigación seria y exhaustiva que ubique los orígenes del riesgo, con el fin de que el procesamiento y sanción de los responsables abonen en que estos hechos no se repitan.

Atentamente

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional

Comité de Liberación 25 de Noviembre

Juan Manuel Martínez Moreno y familia

Casa de la Ciudad, Porfirio Díaz Esq. Morelos

Nos acompañan:

Luis Arriaga, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro-Juárez

Marina Pages, Servicio Internacional para la Paz (SIPAZ)

David Bermudez, Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ)

Raymundo Díaz, Colectivo contra la Impunidad y la Tortura (CCTI)

La situación de los derechos humanos ha sufrido un fuerte retroceso en los últimos años, especialmente después de 2006. El autoritarismo del gobierno estatal, aunado a la falta de independencia de los poderes legislativo y judicial, así como la impunidad, son algunos factores que amenazan cotidianamente el respeto a los derechos humanos en el Estado de Oaxaca.

Muchas voces se han alzado contra las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en Oaxaca. Visitas, Misiones, Informes de organizaciones de derechos humanos locales, nacionales e internacionales lo ponen de manifiesto. Sin embargo, poco o nada se ha hecho desde los gobiernos para revertir este estado de cosas.

La exigencia de la sociedad por justicia y en contra de la impunidad es una demanda presente y la cual no puede pasarse por alto, menos aun en este periodo de transición.

Por ello, con la presencia de organizaciones nacionales e internacionales que han dado seguimiento a la situación de los derechos humanos en Oaxaca,

C O N V O C A M O S

A reunirnos para, “Reflexionar colectivamente sobre la situación que guardan los derechos humanos en Oaxaca, especialmente en el periodo 2006-2010, con ello también, apuntalar los temas de urgente atención para la sociedad civil y los gobiernos.”

Let’s remember that on July 29th, the deputy of Partido Nueva Alianza (Panal) Cristobal Carmona, requested the political judgment raising suppositions due to the fact of being a person outside the conflict and devoid of all legitimacy to represent the victims of the 2006 movement, which where never informed or consulted. For that the Supreme Court used the resolution in detriment of the same victims, since it doesn’t represent them; moreover the chamber of deputies rested all the probative value to a resolution of the court of justice of the country, which has indicated the responsibility of the statal executive power the violation of the individual guarantees.

 With the above is clear that:

1. The local congress in most priista, exhibits its submission to the executive power on this action that we consider a display of protectionism to Ulises Ruiz.
2. The supposed judgment is not even a simulation, the fastness and the lack of transparency on how it has been operated is manifested.
3. Is evident, once more, the authoritarianism on the exercise of the government when it imposes their “truth”, justifies repression and denies the citizen participation in a process that interests the oaxacan society.
4. The demand of Justice and punishment to the responsible of the repression of 2006, from diverse social sectors, as a central demand that must be urgently attended by the new government if it doesn’t want to be accomplice of this shameful simulation.

 Recordemos que el 29 de julio, el diputado del Partido Nueva Alianza (Panal) Cristóbal Carmona, solicitó el juicio político levantando suspicacias al tratarse de una persona ajena al conflicto y carente de toda legitimidad para representar a las víctimas del movimiento de 2006, a quienes dicho sea de paso, en ningún momento consultó o informó. Utilizó para ello la resolución de la Suprema Corte en detrimento de las mismas víctimas, pues no las representa; por otra parte, la cámara de diputados resta todo el valor probatorio a una resolución del máximo tribunal de justicia del país, que ha señalado la responsabilidad del ejecutivo estatal en la violación de las garantías individuales.

 Con lo anterior, queda en claro:

 1. El congreso local, de mayoría priista, exhibe su sumisión al ejecutivo con esta acción, que consideramos un alarde de protección a Ulises Ruiz.

2. El supuesto juicio no es siquiera una simulación, la rápidez y la falta de transparencia con que ha sido operado así lo pone de manifiesto.

3. Queda en evidencia, una vez más, el autoritarismo en el ejercicio de gobierno, al imponer su “verdad”, justificar la represión y negar la participación ciudadana en un proceso que interesa a la sociedad oaxaqueña.

La demanda de Justicia y castigo a los responsables de la represión en 2006, proveniente de diversos sectores sociales, es una demanda central que deberá ser atendida con urgencia por el gobierno entrante si no quiere ser cómplice de esta vergonzante simulación.

A LA SOCIEDAD EN GENERAL

A LA OPINIÓN PÚBLICA

A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

El día 27 de Abril de 2010, fue emboscada la Caravana “Por la Paz y Solidaridad de la Región Triqui” que se dirigía al Municipio Autónomo de San Juan Copala, Oaxaca, cuyo objetivo era entregar la ayuda humanitaria y constatar la situación que guardan los derechos humanos, debido al cerco impuesto por la organización -de filiación priista- UBISORT, que vulnera los derechos elementales de cualquier ser humano para poder vivir.

El saldo inicial de lo sucedido son los ejecutados -de manera extrajudicial- de la Defensora de Derechos Humanos,  Beatriz Alberta Cariño Trujillo, directora de Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (CACTUS,AC), así como de Jyri Jaakkola, observador internacional de nacionalidad finlandesa , además de los  heridos de bala: Mónica Citlali Santiago Ortiz,   Noé Bautista Jiménez y  el periodista David Cilia.  De lo ocurrido, han dado cuenta diversos medios de comunicación, aunque faltan muchas investigaciones por realizar.

La Caravana estaba integrada por representantes de organismos de derechos humanos, observadores internacionales e integrantes de organizaciones sociales, en una misión absolutamente pacífica, sin embargo, los saldos refrendan el grave riesgo al que están expuestas aquellas personas que promueven el respeto y defensa de los derechos humanos.

Es necesario aclarar que el problema no es producto de un enfrentamiento entre dos pueblos, sino de un conflicto histórico en la región y en el que sin duda, existe una responsabilidad directa del Estado y su aparato gubernamental, en la medida en que no solo ha omitido instrumentar políticas para superar el grave rezago social y de violencia de género,  sino que ha soslayado las acciones de cacicazgo y control, en donde lo ocurrido, es un reflejo de la absoluta impunidad con la que este grupo actúa, incluso portando armas de alto poder y de uso exclusivo del ejército.

El gobierno del Estado de Oaxaca evidentemente no ha tomado cartas en el asunto ante los asesinatos de 19 personas, efectuado por la banda paramilitar de UBISORT desde el pasado mes de diciembre, sabiendo que dicho grupo porta armas de alto poder y un equipo moderno de comunicación, además de que la población del Municipio de San Juan Copala -desde el mes de enero-  ha sido sometida por esta banda provocando la no realización de clases, la falta de luz eléctrica, de agua potable, de servicios médicos, de abasto, entre otras consecuencias, debido al retén ubicado en ese lugar, además del hostigamiento sexual, físico y psicológico al que han sido sometidas las mujeres triquis, que intentan salir de su comunidad para abastecerse.

La irresponsabilidad gubernamental es evidente, cuando aduce -con cinismo- su desconocimiento de la Caravana Humanitaria, a pesar de que  se  anunció públicamente, y no se  le brindaron las mínimas garantías, pero sobre todo por  la lentitud y negligencia con la que actuó, cuando fue informado inmediatamente del ataque.

Nadie puede quedarse inerme frente a esta grave violación a los derechos humanos, es necesario levantar nuestra voz para que estos agravios y abusos de “poder”, no se vuelvan a dar más.

Por ello, los abajo firmantes, condenamos los hechos violentos ocurridos, denunciamos la incapacidad del gobierno Mexicano  y  de Ulises Ruiz Ortiz en particular,   para resolver de fondo los problemas que aquejan a la Región Triqui. Por tanto:

• Exigimos que la PGR atraiga este nuevo hecho de violencia para que se realice una investigación expedita e imparcial de fondo, que esclarezca y sancione conforme a derecho,  la responsabilidad directa e intelectual de los responsables de esta situación.  Es decir, que no queden impunes tanto las ejecuciones extrajudiciales de la Defensora de Derechos Humanos Beatriz Alberta Cariño Trujillo y del defensor Jyri Jaakkola, así como  de las victimas de lesiones por disparo de arma de fuego.

• Exigimos al gobierno Mexicano que descarte la “opción” de  militarización, como una forma de solución a la grave crisis que vive la Región Triqui. Proponemos que se lleven a cabo las medidas necesarias que ayuden a la distensión en la zona y se abran los canales adecuados para que las diversas partes entren en un proceso de diálogo; esperamos que organismos internacionales y nacionales como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amnistía Internacional, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otras, coadyuven en este proceso.

• Exigimos que el  gobierno Mexicano garantice la seguridad física y emocional del defensor de Derechos Humanos Omar Esparza, de sus hijos y de todo el  personal de  la Organización CACTUS A. C., a través de la adopción de medidas cautelares en su favor.

• Demandamos que inmediatamente se instrumente un operativo que garantice el acceso de la población a servicios tan básicos como el abastecimiento de alimentos, el acceso a servicios de agua, luz, educación, servicios médicos, el libre tránsito y el restablecimiento de la vida comunitaria, garantizado su entrega con la presencia de organismos internacionales y de derechos humanos.

• Rechazamos cualquier politización, con fines electorales, de tan lamentables sucesos, como lo está pretendiendo Ulises Ruiz Ortiz y sus colaboradores, porque lo que importa es una estricta aplicación  de la justicia, para la  población triqui, para las personas asesinadas, las heridas de bala e incluso, quienes -aun ilesos e ilesas- les fueron violadas las mínimas garantías en el ejercicio de sus derechos humanos.

• Exigimos al gobierno federal de Felipe Calderón que ordene una investigación a fondo de la situación que se vive en la región y no permita que diversas instancias gubernamentales estatales, apliquen la justicia con intereses particulares, que están en contra de los intereses y derechos de la mayoría de la población como está asentado en la legislación estatal y federal.

• Llamamos a la sociedad en general para que de igual manera se pronuncie ante la barbarie cometida y sobretodo exija a las autoridades solucionen la problemática histórica que vive la Región Triqui.

ESPACIO DE ORGANIZACIONES CIVILES DE OAXACA: Calpulli AC.  Centro de Apoyo al Movimiento Popular Oaxaqueño, CAMPO AC, “Ojo de Agua“, Comunicación, AC Diversidades A.C., Comité de Liberación 25 de Noviembre AC, Centro de Derechos Humanos Flor y Canto. AC, Consorcio  para el Dialogo Parlamentario y la Equidad  Oaxaca A.C.,   CONSORCIO A.C, Espiral por la Vida A.C.  Colectivo Huaxyacac, Grupo de Estudios sobre la Mujer “Rosario Castellanos”  AC, Grupo Mesófilo AC ,  Iniciativas para el Desarrollo de la de la Mujer Oaxaqueña  (IDEMO) AC , Investigación y Divulgación Científica para el Desarrollo Regional A.C.,   LA VENTANA, PRODER, Tequio Jurídico  A.C, Instituto de la Naturaleza y la Sociedad de Oaxaca  INSO, Servicios del Pueblo Mixe SER MIXE, Servicios para una Educación Alternativa  EDUCA, Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca   UNOSJO S.C, Enlace Comunicación y Capacitación (Enlace) Tlaxiaco,  Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI), Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos filial Oaxaca,  Colectivo Huaxyacac, Colectivo Mujer Nueva, Centro para los Derechos de la Mujer Nääxwiin, Diversidades A.C, Fundación Comunalidad, Red de Cafeticultores “5 de Diciembre” AC,  Ixquixochitl Árbol de Muchas Flores AC, Tianguis Indígena Multicultural, A.C., NDACUKO AC, PROCAO AC.

Oaxaca de Juárez, Oax, 2 de Mayo de  2010

Vea el pronunciamiento completo, Comunicado San Juan Copala, Oaxaca.

Después de 14 meses de iniciada la denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR), apenas se han llevado a cabo 24 ratificaciones de la denuncia y 14 ampliaciones de demanda con base en lo establecido por la SCJN. Esto es, se ha pedido la incorporación de la resolución de la SCJN como una prueba mas en la denuncia que realizan.

Hasta el momento se ha solicitado al Ministerio Público Federal que recabe todos los documentos relacionados con afectaciones físicas de los expresos/as, mediante la recopilación de partes médicos, certificados o registros de todos los lugares en donde estuvieron recluidos o fueron atendidos los ofendidos, con la finalidad de contar con documentación que proporcione certeza a los peritos que serán nombrados para la aplicación de Protocolos de Estambul en estos casos de Tortura.

Las personas que faltan por ratificar y ampliar sus denuncias lo estarán haciendo durante la segunda quincena de marzo. Aun con una justicia lenta, la demanda sigue siendo una: Justicia para Oaxaca.