A pesar de haber desdeñado esta resolución, el gobernador interpuso un amparo para evitar el Juicio Político, mismo que perdió; hoy sin duda no hay un interés por parte del Congreso Local para hacer valer esta resolución.  Cabe aclarar que en la Cámara de Diputados Federal existe un procedimiento de juicio político contra Ulises Ruíz; pero el mismo se encuentra suspendido, y pendiente de resolver, para lo cual deberá nombrarse la Comisión de Examen Previo en la Cámara de diputados Federal, institución que está siendo omisa  en relación a fincar la responsabilidad política que la ley estipula en casos como el de Oaxaca.

La importancia de esta resolución radica en que acredita las violaciones a garantías individuales, y con ello evidencia a las instituciones existentes y su falta de funcionamiento; es posible por tanto, iniciar un procedimiento de reparación del daño, sobre todo con personas que han sufrido afectaciones severas, y aun de manera amplia con la sociedad oaxaqueña.

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En el marco del Encuentro por la Justicia y contra la Impunidad convocado por el Comité de Liberación 25 de Noviembre y la ANAD (Asociación Nacional de Abogados Democráticos) nos hemos reunido en esta ciudad de Oaxaca representantes de organizaciones que tenemos en común tres rasgos cruciales:

PRIMERO. Todos hemos sufrido o acompañado casos de graves violaciones a nuestros derechos humanos más básicos por parte de órganos de gobierno.

SEGUNDO. Ninguno está dispuesto a callar, transigir o abandonar la lucha por la verdad y la justicia. Todos estamos comprometidos en la búsqueda de justicia, no sólo por nuestros propios derechos, sino por una transformación del Estado, que viola sistemáticamente los derechos del pueblo.

TERCERO. Por diferentes razones y en diferentes circunstancias, todos nuestros casos han llegado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Nos encontramos en este espacio representantes de la Sociedad Civil Las Abejas, sobrevivientes de la Masacre de Acteal de 1997, representantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (F.P.D.T.) de Atenco, afectados de la represión del gobierno de Enrique Peña Nieto en 2006, integrantes de la APPO víctimas de la represión del gobierno federal y el gobierno estatal encabezado por Ulises Ruiz en 2006.

También nos encontramos quienes acompañado los procesos de búsqueda de Justicia: el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Comité de Liberación 25 de Noviembre y la Asociación Nacional de Abogados Democráticos.

Después de compartir y comparar nuestras experiencias hemos constatado que:

1)En todos los casos prevalece en el fondo la impunidad.

2)La falta de contrapesos dentro del Poder judicial de la Federación ha ocasionado que la SCJN emita sus resoluciones con base en una actuación estratégica que obedece más a los tiempos e intereses políticos de los ministros que a la apliciación del derecho.

3)Los órganos de administración y procuración de justicia en México son rápidos y expeditos cuando se trata de castigar y reprimir a ciudadanos que defienden sus derechos contra los abusos del gobierno, pero son lentos e ineficientes cuando se trata de corregir una injusticia y son prácticamente impotentes cuando se trata de aplicar la justicia a algún alto funcionario. Como una ilustración de lo primero está la sentencia de 112 años de cárcel dictada contra Ignacio del Valle del FPDT de Atenco; como una prueba de lo segundo está el hecho de que los gobernadores Enrique Peña Nieto y Mario Marín salieron impunes de cualquier responsabilidad. Si bien en el caso Oaxaca la SCJN reconoció a Ulises Ruiz como violador de garantías individuales, se trató de una sentencia no vinculante que no sanciona a los responsables. Finalmente, en el caso Acteal, la actuación de la Corte no significó un avance sino un franco retroceso hacia la impunidad: no se tocó el tema de los autores intelectuales, tampoco de los paramilitares, más aún los autores materiales de la masacre fueron excarcelados y declarados de facto inocentes.

4)La justicia, que debería ser pronta, completa e imparcial para el pueblo no se consigue o se consigue a costa de grandes esfuerzos y dificultades, de tal manera que en la práctica, para una gran mayoría de la población la justicia es prácticamente inexistente.

5)Constatamos también que la administración de justicia en nuestro país está constantemente condicionada si no es que francamente subordinada a intereses políticos y económicos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación no es ninguna excepción.

LOS FIRMANTES DECLARAMOS :

Nos pronunciamos por la inmediata libertad de los 12 presos y 2 perseguidos políticos de Atenco, así como la inmediata libertad de Juan Manuel Martínez Moreno acusado como Actor Material del asesinato de Brad Will; exigimos castigo a los responsables de los asesinatos políticos en Oaxaca y la presentación con vida de los desaparecidos.

A partir de esta fecha estaremos articulados en la lucha por la defensa de nuestros derechos, y en la lucha contra la impunidad. El próximo espacio donde se manifestarán juntos nuestros corazones y nuestras voces será en Acteal el 21 de diciembre de 2009 en el Foro Por la Conciencia y la Esperanza con ocasión del XII Aniversario de la masacre de Acteal, Chiapas.

¡EXIGIMOS JUSTICIA! ¡NO A LA IMPUNIDAD!

Comité de Liberación 25 de Noviembre A.C.

Asociación Nacional de Abogados Democráticos

Frente de pueblos en Defensa de la Tierra-Atenco

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez

Sociedad Civil Las Abejas

Centro de Derechos Humanos Fr. Bartolomé de las Casas A.C.

Comité de Familiares de Presos, Asesinados y Desaparecidos de Oaxaca

Servicios Legales e Investigación y Estudios Jurídicos A.C.

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Dicho evento tiene el objetivo de analizar las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los casos Lydia Cacho, Atenco, Acteal y Oaxaca y las implicaciones que tienen para el movimiento social, las víctimas de la represión y la defensa de la justicia y los derechos humanos.

Contaremos con la presencia de abogad@s a cargo de cada uno de los casos, asi como de las organizaciones involucradas en la defensa de sus derechos, entre ellos, Aurora de la Riva, Leonel Rivero, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, la Sociedad Civil Las Abejas, el Centro Pro-DH, la COFADAPPO, el Comité de Liberación 25 de Noviembre y la Asociación Nacional de Abogados Democráticos.

Baja el cartel en la GALERIA

El día de ayer 14 de octubre del año 2009, la SCJN, resolvió la facultad de investigación que ejercito sobre el “Caso Oaxaca” sin duda es necesario decir que resulta histórica la decisión tomada, en cuanto a reconocer de manera explícita LA RESPONSABILIDAD PLENA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA EN LA COMISION DE VIOLACIONES GRAVES A GARANTIAS INDIVIDUALES.

Sin embargo la Corte fue omisa, insuficiente al dejar de señalar a todas las autoridades involucradas en las graves violaciones a garantías individuales, en determinar los órganos y autoridades competentes para actuar en el caso y en el análisis claro de violaciones a garantías individuales como el acceso a la justicia, el debido proceso legal, por ejemplo. Esto como resultado de la descontextualización e ignorancia de hechos sucedidos en Oaxaca durante el periodo de la investigación, hechos cuyo objetivo era el terminar con el movimiento social generado por el autoritarismo existente en el Estado.

Sin duda, dentro del análisis del pleno, los ministros si tomaron en cuenta las pruebas que acreditan las graves omisiones y las actuaciones realizadas por funcionarios públicos durante el conflicto Oaxaqueño en el año 2006, mismas que fueron narradas por los afectados. Y aunque su decisión no es vinculante, tiene un fuerte peso moral y político, pues corresponde a los órganos de justicia de este país hacer valer y a los afectados dar seguimiento ante las instancias tanto nacionales como internacionales; exigiendo justicia.

La afirmación que la SCJN realizó en el reconocimiento de las violaciones graves a derechos humanos y en la existencia  plena de las responsabilidades que señaló dan paso a una nueva oportunidad para castigar a los responsables de los hechos sucedidos en Oaxaca durante el 2006 – 2007 y combatir la impunidad en la que ha vivido el Estado durante décadas.

Sin duda el dictamen es un logro para el movimiento social y un golpe al Autoritarismo imperante en el Gobierno del Estado de Oaxaca, hecho que nos compromete a seguir en la exigencia de justicia y acudir ante los órganos internacionales hasta obtener el castigo a los responsables de la sangre derramado por los asesinados y reparar el sufrimiento de todas las personas que vivieron la represión.

SECCION XXII DEL SINDICATO NACIONAL DE LA EDUCACION

COMITÉ DE LIBERACIÓN 25 DE NOVIEMBRE

ASOCIACION NACIONAL DE ABOGADOS DEMOCRATICOS